Estimado señor Domingo:
Gracias por su carta, respetuosa, educada y muy detallada. Lamento decirle, sin embargo, que no cita usted ningún contenido concreto de este periódico donde se sugiera que los funcionarios de Cataluña han sido manipulados. El tema de los funcionarios que van a participar voluntariamente en la organización de la nueva consulta auspiciada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se trató, efectivamente, en el diario del sábado 25 de octubre. No había, sin embargo, en dicha información ninguna afirmación ni sugerencia de que dichos funcionarios hubieran sido manipulados. Al revés, creo que quedaba claro que actuaban libre y voluntariamente. Tampoco se consideraba que el resto de los funcionarios susceptibles de participar en la organización de dicha consulta (7.000 voluntarios no serán suficientes) hubieran sido objeto de manipulación alguna. Obviamente, en tanto que funcionario estatal, tendrá usted unas obligaciones y unas lealtades profesionales que no son idénticas a las de los no funcionarios. Ahora bien, fuera de esas funciones profesionales estimo que es usted un ciudadano con las mismas libertades que yo para tener opinión propia y capacidad decisoria. Nada de eso le niega este diario.
Atentamente
Lola Galán
Defensora del Lector
defensora@elpais.es
(contraresposta meva, 28.10.14)
Señora Galán:
Señora Galán:
En primer lugar, le quiero agradecer su respuesta. Es cierto que no cité ningún contenido concreto del periódico en mi carta, de brevedad obligada puesto que en primera instancia la envié a su director, aunque posteriormente consideré que, por el tema y por cómo me afectaba, también era susceptible de ser acogida por la defensora del lector.
Como usted misma sugiere, mi carta fue motivada por el artículo titulado “Mas pone a 7.000 funcionarios al borde de la ilegalidad con la consulta”, publicado el sábado 25 en El País, en la línea de otros publicados también por los mismos días. Estoy de acuerdo en parte de su argumentación, pero si nos atenemos al titular del artículo, sin entrar en otros detalles de su contenido, creo que no responde a lo que el titular realmente puede sugerir a quien lo lea. Permítame que se lo explique brevemente en tres puntos:
1. El titular dice claramente que alguien “pone” a los funcionarios en situación ilegal. Se sugiere que los funcionarios actúan contra su voluntad, que son obligados o teledirigidos, no que actúen libre y voluntariamente como ciudadanos, no como funcionarios. Además, se induce temor entre estos ciudadanos, sean funcionarios o no.
2. Ese alguien es “Mas”. Se sugiere, como ya se ha hecho muchas veces, que todo el proceso está dirigido por un líder omnipotente que mueve todos los hilos y personas. Esto es desconocer totalmente lo que ocurre en Cataluña y la transversalidad del proceso, que va mucho más allá de Mas y Convergencia.
3. El titular induce a considerar la consulta como un proceso ilegal, por delante incluso de las actuaciones del gobierno central o de los tribunales.
Lo más grave de todo es que el titular no recoge declaraciones que puedan haber realizado políticos u opinadores, sino que transmite una información del redactor de su periódico. Siendo yo uno de esos 7.000 funcionarios, que ha decidido participar libre y voluntariamente en el proceso como ciudadano, no como funcionario, le reitero que me ofende cuando se dice que alguien decide por mí o que soy teledirigido para actuar incluso contra mi propia voluntad.
Me permito sugerirle un titular diferente para la misma información: “En 10 días casi 40.000 voluntarios, algunos de los cuales son funcionarios, se ofrecen en el proceso participativo que el gobierno del Estado y algunos partidos quieren impedir considerando que podría ser ilegal”. Ya sé que como titular no es muy afortunado, por extenso y seguramente mal redactado, pero creo que responde más a la realidad, sin ser tendencioso como el que se publicó el 25 de octubre.
Llegados a este punto, y abusando de su tiempo y de la oportunidad que me ofrece, déjeme que le haga llegar una segunda reflexión al hilo de la parte final de mi carta. Más allá de la cuestión del titular o de la manera de transmitir determinadas informaciones, quizás lo que más me afecta personalmente (y me atrevo a decir que también a muchos catalanes) es una sensación de injusticia al ser tratados por los medios de comunicación españoles. Como ciudadano con criterio propio, cuando decido expresar y actuar libremente en apoyo de un proceso para modificar el estatus futuro de Cataluña soy considerado automáticamente sospechoso de ilegalidad, de radicalismo, de partidismo o, incluso, de voluntad débil por dejarme dirigir por terceros. Y debo justificarme constantemente y explicarme, ante quien quiere escucharme. El trato con el resto de españoles contrarios al proceso catalán, no es el mismo; quien quiera que exprese su opinión sobre la unidad de España, el futuro de Cataluña y la (im)posibilidad de que los catalanes decidan no tiene que ofrecer más explicaciones ni argumentos más allá de su condición de ciudadano español. Sé que esto entra en el terreno de las emociones y de los sentimientos personales, mucho más difuso que el análisis de los titulares periodísticos, pero pienso, humildemente, que muchos catalanes nos sentimos a veces ciudadanos de segunda categoría en España por razones como estas.
Lamentablemente, nos han hurtado la posibilidad de debatir democráticamente sobre estas y otras cuestiones, y de conocer de forma transparente lo que piensan todos los ciudadanos de Cataluña, sean de la opción política que sean. Los espacios de debate transversal se van reduciendo cada vez más, suerte que aún nos quedan algunos como este que El País nos ofrece.
Le doy las gracias de nuevo por su amable respuesta. Atentamente,
Àngel Domingo Villarreal
(Resposta de la "Defensora del Lector de El País", 28.10.14)
Estimado señor Domingo:
Estoy de acuerdo con usted en que falta un debate en profundidad para entender que es lo que está ocurriendo en Cataluña y por qué muchos catalanes, no pocos de los cuales nacieron en otros lugares de España, se sientan tan alejados de este país y desean separarse de él. Pero voy a intentar responder punto por punto a sus objeciones relativas a las noticia "Mas pone a 7.000 funcionarios al borde de la ilegalidad".
El título corresponde fielmente a la entradilla del texto, pero no es un texto que recoja puntualmente una declaración del presidente Mas o una decisión del jefe del Govern, sin más. El periodista ha creado en cierto modo la noticia al preguntar a dos catedráticos de Derecho Constitucional por las implicaciones de la petición de Mas a los funcionarios para que intervengan en la organización de la consulta prevista para el 9-N. Son estos expertos los que señalan que atender la petición de Mas coloca a estos servidores del Estado al borde de la ilegalidad.
La decisión, en mi opinión, es del presidente Mas. Podría decirse también de la Generalitat, pero lo cierto es que usamos también indistintamente para referirnos al Gobierno español, la Moncloa, o directamente, "Rajoy". Naturalmente, el señor Mas y su partido se encuentran en una delicada situación política. Muchas de las decisiones que toma son fruto de la necesidad de mantener los equilibrios políticos, y de la presión de organizaciones como la ANC que se han movilizado para que los catalanes puedan celebrar un referéndum que, hoy por hoy, no autoriza la Constitución española. Pero el señor Mas decide al fin y al cabo.
En segundo lugar.- No es que el señor Mas les manipule a ustedes, funcionarios del Estado en Cataluña, puesto que la opción de participar en la organización de la consulta es libre. Usted mismo me dice que se ha ofrecido voluntario. Ahora bien, lo que les pide está en la frontera de la ilegalidad, eso es lo que dicen los mencionados expertos. El título que usted propone para la noticia no sólo es demasiado largo, es que no se corresponde con lo que el redactor nos cuenta en la aludida 'Mas pone..." Porque al redactor no le interesan esos 40.000 voluntarios, sino los 7.000 que son funcionarios, y sobre los que pesa, por lo tanto, ese riesgo de incurrir en ilegalidad.
La consulta no es ilegal, pero es una especie de sucedáneo de la que sí ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, con todas las implicaciones que esto tiene.
Sinceramente yo no tengo la sensación desde Madrid de que los catalanes sean visto como ciudadanos de segunda en España. Muy al contrario. Soy aficionada al teatro y le aseguro que en los principales teatros de Madrid hay día sí y día también autores catalanes, compañías (excelentes) catalanas, directores catalanes...Acogidos con fervor por el público muchas veces. El principal crítico teatral de EL PAÍS, Marcos Ordoñez, vive en Barcelona y se ocupa más de la actualidad teatral de su ciudad que de la madrileña. Las editoriales españolas están ubicadas en Cataluña en su mayoría, y los redactores de Cultura van y vienen a la capital catalana continuamente, por razones profesionales.
Otra cosa es que el conjunto de los españoles no llegue a entender el por qué de la situación actual. El por qué del enfrentamiento institucional entre Cataluña y España, y en eso tengo que darle la razón, puede haber influido la falta de diálogo y de debate sincero sobre el tema.
Muchas gracias por su amabilidad,
Un cordial saludo
Lola Galán
3. El titular induce a considerar la consulta como un proceso ilegal, por delante incluso de las actuaciones del gobierno central o de los tribunales.
Lo más grave de todo es que el titular no recoge declaraciones que puedan haber realizado políticos u opinadores, sino que transmite una información del redactor de su periódico. Siendo yo uno de esos 7.000 funcionarios, que ha decidido participar libre y voluntariamente en el proceso como ciudadano, no como funcionario, le reitero que me ofende cuando se dice que alguien decide por mí o que soy teledirigido para actuar incluso contra mi propia voluntad.
Me permito sugerirle un titular diferente para la misma información: “En 10 días casi 40.000 voluntarios, algunos de los cuales son funcionarios, se ofrecen en el proceso participativo que el gobierno del Estado y algunos partidos quieren impedir considerando que podría ser ilegal”. Ya sé que como titular no es muy afortunado, por extenso y seguramente mal redactado, pero creo que responde más a la realidad, sin ser tendencioso como el que se publicó el 25 de octubre.
Llegados a este punto, y abusando de su tiempo y de la oportunidad que me ofrece, déjeme que le haga llegar una segunda reflexión al hilo de la parte final de mi carta. Más allá de la cuestión del titular o de la manera de transmitir determinadas informaciones, quizás lo que más me afecta personalmente (y me atrevo a decir que también a muchos catalanes) es una sensación de injusticia al ser tratados por los medios de comunicación españoles. Como ciudadano con criterio propio, cuando decido expresar y actuar libremente en apoyo de un proceso para modificar el estatus futuro de Cataluña soy considerado automáticamente sospechoso de ilegalidad, de radicalismo, de partidismo o, incluso, de voluntad débil por dejarme dirigir por terceros. Y debo justificarme constantemente y explicarme, ante quien quiere escucharme. El trato con el resto de españoles contrarios al proceso catalán, no es el mismo; quien quiera que exprese su opinión sobre la unidad de España, el futuro de Cataluña y la (im)posibilidad de que los catalanes decidan no tiene que ofrecer más explicaciones ni argumentos más allá de su condición de ciudadano español. Sé que esto entra en el terreno de las emociones y de los sentimientos personales, mucho más difuso que el análisis de los titulares periodísticos, pero pienso, humildemente, que muchos catalanes nos sentimos a veces ciudadanos de segunda categoría en España por razones como estas.
Lamentablemente, nos han hurtado la posibilidad de debatir democráticamente sobre estas y otras cuestiones, y de conocer de forma transparente lo que piensan todos los ciudadanos de Cataluña, sean de la opción política que sean. Los espacios de debate transversal se van reduciendo cada vez más, suerte que aún nos quedan algunos como este que El País nos ofrece.
Le doy las gracias de nuevo por su amable respuesta. Atentamente,
Àngel Domingo Villarreal
(Resposta de la "Defensora del Lector de El País", 28.10.14)
Estimado señor Domingo:
Estoy de acuerdo con usted en que falta un debate en profundidad para entender que es lo que está ocurriendo en Cataluña y por qué muchos catalanes, no pocos de los cuales nacieron en otros lugares de España, se sientan tan alejados de este país y desean separarse de él. Pero voy a intentar responder punto por punto a sus objeciones relativas a las noticia "Mas pone a 7.000 funcionarios al borde de la ilegalidad".
El título corresponde fielmente a la entradilla del texto, pero no es un texto que recoja puntualmente una declaración del presidente Mas o una decisión del jefe del Govern, sin más. El periodista ha creado en cierto modo la noticia al preguntar a dos catedráticos de Derecho Constitucional por las implicaciones de la petición de Mas a los funcionarios para que intervengan en la organización de la consulta prevista para el 9-N. Son estos expertos los que señalan que atender la petición de Mas coloca a estos servidores del Estado al borde de la ilegalidad.
La decisión, en mi opinión, es del presidente Mas. Podría decirse también de la Generalitat, pero lo cierto es que usamos también indistintamente para referirnos al Gobierno español, la Moncloa, o directamente, "Rajoy". Naturalmente, el señor Mas y su partido se encuentran en una delicada situación política. Muchas de las decisiones que toma son fruto de la necesidad de mantener los equilibrios políticos, y de la presión de organizaciones como la ANC que se han movilizado para que los catalanes puedan celebrar un referéndum que, hoy por hoy, no autoriza la Constitución española. Pero el señor Mas decide al fin y al cabo.
En segundo lugar.- No es que el señor Mas les manipule a ustedes, funcionarios del Estado en Cataluña, puesto que la opción de participar en la organización de la consulta es libre. Usted mismo me dice que se ha ofrecido voluntario. Ahora bien, lo que les pide está en la frontera de la ilegalidad, eso es lo que dicen los mencionados expertos. El título que usted propone para la noticia no sólo es demasiado largo, es que no se corresponde con lo que el redactor nos cuenta en la aludida 'Mas pone..." Porque al redactor no le interesan esos 40.000 voluntarios, sino los 7.000 que son funcionarios, y sobre los que pesa, por lo tanto, ese riesgo de incurrir en ilegalidad.
La consulta no es ilegal, pero es una especie de sucedáneo de la que sí ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, con todas las implicaciones que esto tiene.
Sinceramente yo no tengo la sensación desde Madrid de que los catalanes sean visto como ciudadanos de segunda en España. Muy al contrario. Soy aficionada al teatro y le aseguro que en los principales teatros de Madrid hay día sí y día también autores catalanes, compañías (excelentes) catalanas, directores catalanes...Acogidos con fervor por el público muchas veces. El principal crítico teatral de EL PAÍS, Marcos Ordoñez, vive en Barcelona y se ocupa más de la actualidad teatral de su ciudad que de la madrileña. Las editoriales españolas están ubicadas en Cataluña en su mayoría, y los redactores de Cultura van y vienen a la capital catalana continuamente, por razones profesionales.
Otra cosa es que el conjunto de los españoles no llegue a entender el por qué de la situación actual. El por qué del enfrentamiento institucional entre Cataluña y España, y en eso tengo que darle la razón, puede haber influido la falta de diálogo y de debate sincero sobre el tema.
Muchas gracias por su amabilidad,
Un cordial saludo
Lola Galán
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